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En un esfuerzo por promover la formación de jóvenes abogados argentinos en libertades civiles y derechos humanos, la familia de José Siderman y la Comisión Fulbright en Argentina han establecido la Beca José Siderman-Fulbright de Derechos Humanos en Southwestern. La Beca trae a Los Ángeles a un graduado argentino en Derecho para completar un Master en Libertades Civiles y Derechos Humanos o en Abogacía en la Facultad de Derecho, incluyendo una pasantía en una organización de derechos civiles. El programa complementa la asociación que Southwestern mantiene desde hace muchos años con Argentina a través de programas de verano, pasantías judiciales y programas de intercambio en Buenos Aires.

La Comisión Fulbright en Argentina seleccionará un becario Siderman por año como parte de su concurso regular de becas. El programa incluye nueve meses de estudio en Southwestern y una pasantía de tres meses. Los postulantes deben ser graduados de una facultad de derecho argentina acreditada y serán seleccionados en base a su capacidad académica, dominio del idioma inglés y potencial para promover los derechos humanos y la justicia social en Argentina. La beca proporciona fondos para gastos de manutención, libros, seguro médico y billete de avión de ida y vuelta desde Argentina.

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La Operación Cóndor fue un sistema formal de coordinación de la represión entre los países del Cono Sur que funcionó desde mediados de los años setenta hasta principios de los ochenta. Su objetivo era perseguir y eliminar a activistas políticos, sociales, sindicales y estudiantiles de Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay, Bolivia y Brasil.

En el Archivo del Terror de Paraguay se encontró una copia de la invitación formal enviada por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) de Chile, el 29 de octubre de ese año, al general Francisco Brites, jefe de la Policía Nacional de Paraguay, «para promover la coordinación y establecer algo similar a lo que Interpol tiene en París, pero dedicado a la subversión».

El documento fundacional dio cobertura institucional a muchas de las actividades, relaciones y prácticas de inteligencia represiva que estos países latinoamericanos ya estaban desarrollando bilateralmente. Este documento establece el inicio de la cooperación oficial entre los organismos de inteligencia del Cono Sur: «a partir de la fecha se inician contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo los respectivos servicios sus propios o nuevos archivos de antecedentes.» Aunque ningún representante de Brasil firmó el acuerdo inaugural, está probada la cooperación de ese país en actividades represivas contra opositores políticos de los países miembros.

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ARTICULO 2º.- Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que existía al pronunciarse la sentencia o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna.

Si durante la sentencia se promulgara una ley más benigna, la pena se limitará a la establecida por dicha ley. En todos los casos de este artículo, los efectos de la nueva ley operarán de pleno derecho.

ARTICULO 6º.- La pena privativa de libertad, perpetua o temporal, se cumplirá con trabajo obligatorio en los establecimientos destinados al efecto. Los reclusos podrán ser empleados en obras públicas de cualquier clase siempre que no sean contratados por particulares.

ARTICULO 7º.- Los hombres débiles o enfermos y los mayores de sesenta años que merezcan reclusión, sufrirán la pena en prisión, no debiendo ser sometidos sino a la clase de trabajos especiales que determine la dirección del establecimiento.

a) El interno enfermo cuando la privación de libertad en el establecimiento penitenciario le impida recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad y no corresponda su alojamiento en un establecimiento hospitalario;

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(Previamente actualizado por la Dra. Gisela Monge Roffarello, Emilse Monge Roffarello, el Dr. Ezequiel Trajtenberg y el Prof. Eng. Julio O. Trajtenberg en mayo/junio de 2008; actualizado posteriormente por Gloria Orrego Hoyos en noviembre/diciembre de 2011, en febrero de 2014, en septiembre de 2015 y en febrero de 2017)

La nación argentina adopta para su gobierno democrático las formas representativa, republicana y federal: representativa en cuanto a que el país es gobernado por representantes del pueblo; republicana en cuanto a que el pueblo elige a los representantes mediante el voto, el país se rige por un sistema tripartito (poderes ejecutivo, legislativo y judicial) y el gobierno adopta una Constitución escrita; y federal en cuanto a que los gobiernos provinciales mantienen su autogobierno a pesar de responder a un gobierno común (el gobierno nacional). La nación adopta esta forma de gobierno establecida por la Constitución Nacional, sancionada en 1853. Este texto fue modificado en 1860 al incluirse la provincia de Buenos Aires, que no formaba parte de la Confederación Argentina en 1853.